OPINIÓN

María Amparo Casar: ¿Cuál es la importancia de fiscalizar?

Print Comments

Por María Amparo Casar  @AmparoCasar
   0 Comentarios

Recibe diario las noticias de ADNPolítico en tu mail. Da clic y mándanos tu correo o suscríbete aquí.


María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.

***

Desde hace una semana en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe sobre la Cuenta Pública, los medios informativos no han dejado de reportar la discrecionalidad, opacidad y corrupción en el uso de los recursos públicos. Ninguno de los tres poderes se salva. Tampoco los órdenes de gobierno.

Lo mismo nos han informado sobre el aumento de 500% en el gasto en comunicación y publicidad de la Presidencia sin justificación alguna que sobre el desfalco en la Estela de Luz o los desvíos de recursos de la SAGARPA. El Poder Judicial también ha sido objeto de observaciones particularmente en lo que se refiere a las pensiones de los mandos medios y superiores.

El propio Congreso ha sido señalado, como todos los años, porque las bancadas se aumentaron la partida denominada "Gastos a Grupos Parlamentarios" y se negaron a proporcionar documentación sobre el destino del dinero gastado. Y no, no estamos hablando de cacahuates, sino de 641 millones de pesos sólo por concepto de lo que disponen cada uno de los partidos al interior de la Cámara de Diputados.

Y de los gobiernos locales ni qué hablar. Más del 65% de las "anomalías" reportadas corresponden al ámbito de los estados y municipios. La mayoría de ellas porque las aportaciones federales no se destinaron a los programas para los que fueron etiquetados y por la gran opacidad en el gasto. Para muestra, un botón. Los estados entregaron a los comisionados del SNTE cerca 1,500 millones de pesos.

La ASF tiene la facultad de imponer sanciones resarcitorias y administrativas y de presentar denuncias penales pero por falta de instrumentos y/o porque quienes los tienen no los utilizan, este órgano de control ha sido ineficaz para frenar la corrupción tanto en relación a la aplicación de los fondos públicos de acuerdo a los programas y metas como a la lisa y llana malversación del dinero que proviene de los impuestos. Simplemente, el órgano fiscalizador por excelencia no ha servido para frenar los abusos y delitos cometidos que siguen en aumento. Ha servido para denunciar y exhibir. No mucho más.

Año con año nos escandalizamos ante los resultados de revisión de las cuentas públicas y año con año vemos crecer la corrupción en el sector público. La ASF hace un espléndido trabajo en lo que a investigación y difusión se refiere pero no logramos cerrar la pinza de la transparencia con la de la rendición de cuentas. La impunidad es la que sobrevive y con ella los incentivos para seguir gastando mucho y mal y para el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que, en su mayoría, no sufren consecuencia alguna por su conducta.

Según la propia ASF, entre 1998 y 2010 se presentaron solo 177 denuncias penales. No son muchas si revisamos todas las anomalías que presentan los informes de las cuentas públicas. Pero más escandaloso es que de ellas, la gran mayoría siguen en la fase de integración por parte del Ministerio Público y solo 11 han resultado en consignación. Sí, ONCE en trece años.

Mucho hemos ganado en conocimiento de las finanzas públicas y eso hay que aplaudirlo. Pero saber lo que ocurre y enterarnos que seguirá ocurriendo es pernicioso. Que la corrupción se vuelva parte del paisaje político y se acepte la impunidad disminuye el de por sí ya reducido aprecio que los mexicanos tenemos por las instituciones supuestamente democráticas. Bien mirado la única consecuencia que sufren los poderes y las autoridades que los representan es su exhibición pública durante un par de semanas. Al cabo de ellas el asunto se olvida y al año siguiente volvemos a escandalizarnos. Así las cosas, seguir cometiendo delitos o faltas administrativas y apostar a la desmemoria es una conducta racional por parte de los servidores públicos.

La pregunta se impone, ¿para qué fiscalizar?

***

Las opiniones de los colaboradores y los usuarios de ADNPolítico.com no representan el punto de vista de este sitio ni el de Grupo Expansión.


Recibe diario las noticias de ADNPolítico en tu mail. Da clic y mándanos tu correo o suscríbete aquí.

Síguenos en twitter y facebook

Por favor déjanos tu comentario