OPINIÓN

Luciano Quadri: El agua en el DF, desperdicio garantizado

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Por Luciano Quadri Barba  @lucianoquadri
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Luciano Quadri Barba es politólogo por la Universidad Iberoamericana y es asesor y diputado suplente del Partido Nueva Alianza. Ha trabajado en varias consultorías ambientales y coordinado el programa “Mercado de Trueque de Residuos” en la Secretaría del Medio Ambiente del DF. En 2012 fue vicecoordinador de la campaña presidencial de su padre, Gabriel Quadri de la Torre.

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Desde 2006, se le han otorgado facultades excesivas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que dispersan atribuciones de diversos servicios urbanos haciéndolos más ineficientes, tal es el caso del manejo de agua en la Ciudad de México por el Sistema de Aguas.

A la ALDF le competen desde entonces materias técnicas, regulatorias y administrativas que  deben ser potestad del gobierno ejecutivo central del Distrito Federal.

La dispersión de atribuciones en la ALDF y en las delegaciones paraliza y fragmenta a la Ciudad en una crisis de gobernanza, diluye las responsabilidades y obscurece la rendición de cuentas.

Más aún, los diputados en la ALDF (y los delegados) no se pueden reelegir, y no se deben a sus electores sino a las burocracias partidarias que los colocan.

Hoy en día, las tarifas de agua en la Ciudad de México son fijadas por la ALDF sin ningún criterio técnico concertado con técnicos del SACM. Hoy, en la Ciudad el agua se cobra de acuerdo a la percepción de nuestros diputados locales sobre los ingresos y riqueza de cada manzana en cada colonia, es decir, a “ojo de buen cubero”. Para explicarlo de otra manera: los asambleístas decidieron que quien tuviera más dinero, de acuerdo con su percepción, debiera pagar más cara el agua.

Pero esto no termina ahí: el precio del servicio del agua, más caro o barato, no se fija de acuerdo con cuánto consuma cada familia o persona, el costo del servicio es un impuesto fijo completamente arbitrario. En otras palabras, no importa cuántos metros cúbicos de agua consuma una familia de Las Lomas, siempre le cobrarán alrededor de 2,000 pesos bimestrales (dependiendo la zona), y no importa cuánto consuma una familia de una colonia popular, a ésta se le cobrarán 100 pesos bimestrales o incluso no se le cobrará nada.

Fue una salida fácil y muy popular: quién tenga más que pague más.

Sin embargo, el agua no es como cualquier impuesto. Lo sería si fuera simplemente un instrumento financiero, pero todo se distorsiona cuando su disponibilidad y potabilidad entran en la ecuación.

Lo que logra este sistema tarifario es que, quien paga un precio moderado, justo y/o subsidiado, pueda usar, disponer y desperdiciar el líquido sin ningún costo o castigo. Si una familia va a pagar 100 pesos bimestrales o incluso 2,000 pesos, puede gastar el agua que quiera y siempre se le cobrará lo mismo.

Al final, los intentos de sensibilización por parte de los diferentes gobiernos y sociedad civil organizada por transmitirle a las personas la importancia de ahorrar agua, quedan opacados por este sistema tarifario populista.

Las raíces de esta problemática no sólo quedan en lo político sino también en lo técnico, pues el sistema de aguas del DF no tiene la capacidad de instalar medidores y de renovar y mantener óptimamente la red de agua potable en la ciudad.

Es un órgano burocrático lento, atenazado por intereses sindicales y profundas ineficiencias estructurales. De hecho, estudios comparativos recientes con otras ciudades de México lo ubican entre los más rezagados, muy lejos de metrópolis líderes en el tema como Aguascalientes, Saltillo, Monterrey, Tijuana o León.

Las fallas son enormes en cuanto a la calidad del servicio, falta de tratamiento de aguas residuales, micro-medición y eficiencia física. Sus resultados de operación implican un enorme subsidio mal focalizado, además de finanzas desfondadas que impiden inversiones en nueva infraestructura; carece de autonomía y autosuficiencia y las tarifas son fijadas con criterios políticos.

Una buena gestión del agua implica crear un organismo operador constituido como empresa pública moderna, con personalidad jurídica propia, autonomía y autosuficiencia financiera, con cuadros técnicos y administrativos profesionales y ajenos a caprichos y volatilidades electorales.

Requiere un gobierno corporativo transparente y rendición de cuentas, dotado de un consejo de administración o junta de gobierno plural, con consejeros independientes y profesionales, así como representación de los usuarios. 

Los precios o tarifas del agua juegan un papel vital como incentivos poderosos, tanto para los consumidores como para la propia empresa u organismo operador; para ahorrar por el lado de los consumidores, y para brindar un servicio público de calidad por parte del gobierno.

El DF tiene muchas ventajas en su gobierno, en comparación con otros estados, por su centralización y por tener delegaciones con menor autonomía en comparación con los municipios. Pero pareciera que nuestros políticos locales quieren retroceder en aras de reelegirse y mantener contentas a las masas con una visión de corto plazo.


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