OPINIÓN

Ríos Piter: La deuda como puerta de entrada para legislar

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Armando Ríos Piter
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Promedio global

Por Armando Ríos Piter  @riospiterjaguar
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Armando Ríos Piter es senador de la República por el PRD, es licenciado en Economía por el ITAM, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown.

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El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el informe de la cuenta pública 2011, arrojando una serie de datos que preocupan pero sobretodo que nos convocan a acelerar el debate que sostenemos en el Senado de la República en materia de combate a la corrupción y supervisión de la deuda pública tanto en estados, municipios y de la propia Federación.

Ha quedado de manifiesto en el informe de la ASF que en estados y municipios prevalece la falta de transparencia y confiabilidad en la información, existe un registro laxo sobre la deuda, una ausencia tanto de límites prudenciales, como de fondos preventivos.

En el mismo sentido, se carece de límites, así como de una adecuada contabilidad en torno a la deuda federal, lo cual ya representa un riesgo porque excede los niveles recomendados para los países en desarrollo, que debiera ser 30% de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Debemos aprovechar el actual debate sobre deuda desarrollado en el Senado, para verlo en un sentido amplio del sistema. No sólo la visión financiera o fiscal de la deuda, sino ir a fondo en la conformación de una agencia que combata frontalmente a la corrupción.

Se requiere avanzar en mecanismos que garanticen una efectiva rendición de cuentas y la fiscalización integral de los recursos públicos, iniciativas que ya he presentado ante el pleno de la Cámara Alta como parte de la propuesta del PRD para enfrentar este flagelo.

Es impostergable la generación de indicadores de solvencia, liquidez y vulnerabilidad, no solamente para estados y municipios como se ha enfatizado en recientes fechas, sino también para deuda pública federal.

Por último, se necesita garantizar un sistema de monitoreo que identifique cuando alguna entidad pública adquiera un monto de endeudamiento por arriba de su capacidad de pago, así como el procedimiento de solicitudes de ampliación de las entidades federativas que hayan superado sus límites prudenciales en función de su capacidad de pago.

Sobre este punto presenté una iniciativa recientemente, con el fin de que se reconozcan como deuda pública los pasivos contingentes como Pidiregas, avales, Adefas, pasivos del IPAB, obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura, proyectos público privados y proyectos de prestación de servicios. Asimismo, impulsar una revisión profunda de las pensiones como requerimientos de previsión presupuestal a futuro.

Si no logramos entender de manera clara cómo está funcionando la deuda en estados, municipios y en la Federación, difícilmente podremos dar un debate claro, transparente y, sobre todo, convocante a la sociedad en materia de impuestos y en materia de gasto público.

Si la gente no sabe cómo se gasta el dinero público, con qué calidad se toman las decisiones en beneficio de los ciudadanos, ¿con qué cara puede salir la autoridad a solicitar un mayor esfuerzo fiscal?

Por este motivo, decidimos realizar un llamado a los actuales titulares de los estados y municipios altamente endeudados, aquéllos que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación se encuentran en situación crítica, para que expliquen el destino de la deuda.

En este sentido, es necesario conocer la versión de los ejecutivos estatales de Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas, estados que enfrentan los mayores problemas en materia de deuda.

En el mismo tenor, llamar a los titulares de los municipios más endeudados que refiere la ASF: Guadalajara, Jalisco, con 2,681 millones de pesos; Acapulco, Guerrero, con 2,142 millones de pesos; Tijuana, Baja California, con 2,540 millones de pesos; Monterrey, Nuevo León, con 2,146 mdp; Zapopan, Jalisco, con 1,447 mdp; Benito Juárez, Quintana Roo, con 1,366 mdp; Nuevo Laredo, Tamaulipas, con 1,115 mdp; Mexicali, Baja California, 950 mdp; San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 902 mdp, y Tlaquepaque, Jalisco, con 845 mdp.

Debemos ver el tema de la deuda como la puerta de entrada para legislar en diversas materias que tienen una clara convergencia, pero sobre todo que forman parte de un nuevo sistema de rendición de cuentas, de fiscalización y transparencia, de combate a la corrupción y de renovación de la hacienda pública.

Ahora que algunos andan acelerados pensando en cómo elevar los impuestos, sobre todo aquéllos que mantienen la idea absurda de incrementar el IVA en alimentos y medicinas, habría que exigirles que primero se renueven los esquemas de transparencia, de combate a la corrupción y de uso responsable del gasto público.

El debate sobre deuda pública deberá dar soluciones y guías en estas materias. 

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