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A las iniciativas de reforma que buscan convertirse en políticas públicas hay que juzgarlas por su valor político y por su valor técnico y económico.

Políticamente hay que reconocer que la iniciativa en materia de telecomunicaciones ha sido un éxito. El proyecto de reforma constitucional refuerza de manera eficaz los mensajes que el Gobierno de Peña Nieto está empeñado en mandar desde que asumió el poder.

1. No estoy aquí para administrar sino para gobernar y cumplo con los compromisos adquiridos.

2. Se acabó la cantaleta de los gobiernos anteriores de que no se pueden abrir muchos frentes al mismo tiempo.

3. El gobierno no se arrodilla frente al poder económico. Los poderes fácticos tienen un límite y ese límite lo fija el Ejecutivo con ayuda del Legislativo y, si se puede, del Judicial.

4. Se puede gobernar en pluralidad. Los acuerdos pueden construirse cuando no se tiene la mayoría.

5. Es perfectamente factible acercar posiciones sin que las iniciativas pierdan sustancia. 

6. Mi gobierno es sensible a las demandas sociales.

En todos estos aspectos, con los matices de cada caso, convergen las reformas educativa y en telecomunicaciones. Gobernar supone tomar decisiones y tomar decisiones supone afectar intereses establecidos.

Fortalece pues los dos mensajes políticos en los que se ha focalizado la propaganda gubernamental: Moviendo a México y Por una democracia de resultados.

El valor económico/técnico está menos claro.

Suena a que se quitaron las barreras de la entrada al mercado de las telecomunicaciones, a que la competencia se traducirá en menores precios y mayor cobertura y calidad en los servicios, a que la productividad se elevará y a que habrá mayor inversión y con ella creación de empleos.

Pero nada más suena, nadie se ha ocupado de decirnos cómo se vislumbra el mercado de las telecomunicaciones en el mediano plazo: con cuántos jugadores, con qué valor de mercado cada uno, a qué precios se ofrecerán los servicios, en qué término se puede esperar la cobertura universal, cómo redundará en la productividad de las empresas y de los trabajadores, cuánta inversión nacional y extranjera puede atraer la reforma .

Una buena iniciativa, una iniciativa que no sólo busca efectos políticos, debe exponer las metas concretas a las que aspira y fundamentar las expectativas.

Debe estar anclada en una especie de libro blanco en el que aparece una radiografía de la situación actual y de la esperada. En la exposición de motivos no aparece nada de esto, simplemente se ensalza el valor de la competencia –que no es poca cosa- y los beneficios generales que se supone que de ella derivarán.

El Secretario de Hacienda se apresuró a vaticinar que la reforma redundará en un crecimiento del PIB del 1%. Si no se sustancia esta información con datos duros, lo que nos están pidiendo es un acto de fe. Si no se cumple la expectativa, la iniciativa habrá tenido un innegable éxito político pero un bajo impacto económico. 

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