OPINIÓN

Luciano Quadri: Por el derecho a una vivienda digna

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Por Luciano Quadri Barba  @LucianoQuadri
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Luciano Quadri Barba es politólogo por la Universidad Iberoamericana y es asesor y diputado suplente del Partido Nueva Alianza. Ha trabajado en varias consultorías ambientales y coordinado el programa “Mercado de Trueque de Residuos” en la Secretaría del Medio Ambiente del DF. En 2012 fue vicecoordinador de la campaña presidencial de su padre, Gabriel Quadri de la Torre.

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Uno de los puntos de la reforma financiera recientemente presentada por el gobierno federal -el cual no es de los torales pero que me llamó la atención- es el de favorecer el otorgamiento de créditos para la adquisición, construcción, remodelación o refinanciamiento de vivienda.

En dos meses se cumplirán 41 años del Infonavit, ¿cuál es el saldo de la política de vivienda en México?

Desde el sexenio de Fox, el problema del déficit de vivienda digna para población de clase media y clase baja en México, así como de la parte financiera para la adquisición, comenzó a resolverse de manera general (para trabajadores inscritos en alguna nómina a través de cuotas obligatorias como Onavis, Orevis, Sofoles y Afores).

El Infonavit se transformó en una de las instituciones crediticias con mayor volumen de operaciones en México; cerca de 7 millones de viviendas nuevas o créditos entregados.

Para un México emergente como el de la primera década de los años 2000, para los trabajadores y para la opinión pública, fue muy difícil no aceptar viviendas o no adherirse ante esta política que los gobiernos de derecha emprendían. 70% del total de créditos para la vivienda en la historia de México fue entregado entre 2001 y 2011.

Nadie hizo críticas estructurales o a largo plazo de lo que estos programas de vivienda traerían hoy al país... y lo que falta.

El Infonavit no construye vivienda, no planea dónde será construida y no se coordina con gobiernos municipales para el desarrollo urbano adecuado. De manera simplista, sólo otorga créditos a los trabajadores para que el sector privado construya las viviendas a las que podrán acceder.

Naturalmente, el sector privado construye donde es más barato, y es más barato en los terrenos que nadie quiere. ¿A nadie se le ocurrió pensar qué pasaría con esto? Viviendas como palomares, todas iguales, desalmadas, a las afueras de las ciudades y más allá.

Comparativamente, imposible recurrir a la izquierda como salvación en esta materia. El Distrito Federal es otro ejemplo desastroso en cuanto a urbanización -es materia de otro análisis-, pero no es ningún secreto el desastre de urbanización propiciado por los asentamientos humanos irregulares en zonas de conservación, en barrancas, extensión no planificada, corrupción en las delegaciones para la construcción ilegal de obras, etc.

"Derecho a la vivienda digna", nadie puede estar en contra de ello. Sin embargo, la vivienda es sólo uno de los componentes de lo que la habitabildad digna constituye y, lamentablemente, el resto de los componentes no son derechos inalienables, pues no tienen la misma rentabilidad política y/o facilidad de implementación.

¿Qué tal el derecho al espacio público, a los parques, al empleo cercano, a escuelas de calidad, al esparcimiento, al transporte público limpio y multimodal?

Por acción u omisión, el gobierno, la sociedad y el sector privado han dilacerado el derecho a la vivienda digna en los últimos 12 años.

En el Valle de México, algunos trabajadores pagan hasta 100 pesos diarios en transporte público, y tardan más de 6 horas en trayectos hacia sus empleos (ida y vuelta). Para los que tienen coche, el mismo tiempo desperdiciado en trayectos, además gastando en gasolina y contaminando.

Lo mismo para escuelas y para cualquier otra actividad. Esto es el producto de la “vivienda digna” a las afueras de las ciudades.

Uno de los ejes de esta reforma financiera se concentra en generar mayores facilidades para recibir crédito en materia de vivienda, por lo que se esperaría que la nueva Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano explicara las reglas de operación de la carta de buenas intenciones presentada hace unos meses sobre sus planes de ordenamiento territorial y urbano que hagan mancuerna con este reforzamiento a los créditos para vivienda.

Tendríamos que estar preocupados si no lo hace y si esta política de desintegración de ciudades tiene continuidad.

Planeación es pensar a largo plazo. Sabemos que hacia 2050, cerca de 90% de la población en México vivirá en ciudades, ¿qué estamos haciendo para ello?

No veo grandes obras de infraestructura en los municipios conurbados de la Ciudad de México que prevean que su población será el doble en 40 años; no veo que haya una coordinación contundente en los tres niveles de gobierno; no veo que construyan edificios de vivienda sustentable a gran escala; no veo que se proyecten más líneas de Metro, de parques urbanos, de Metrobús, ciclopistas; políticas para aprovechar terrenos baldíos o unificar terrenos.

No veo obras de infraestructura que proyecten poder abastecer de agua, luz o recolección y aprovechamiento de residuos a las grandes ciudades súper pobladas que son inevitables.

El Estado no puede seguir sólo administrando y reaccionando a problemas, tiene que prever y proponer, y a largo plazo.

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