#PicnicEnElRío

Opinión: Ambientalistas del picnic y la CNTE, ¿son iguales?

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Por Fernando Rodríguez Doval  @ferdoval
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Fernando Rodríguez Doval es diputado federal por el PAN; es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

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Desde hace varios meses un grupo  de personas con preocupaciones ambientales se reúne con relativa frecuencia en el camellón del Viaducto Miguel Alemán, a la altura de Insurgentes, en la Ciudad de México. Promueven que esta vialidad vuelva a ser un río, como hace años; aseguran que es posible separar el drenaje urbano del agua de lluvia para poder desarrollar así espacios naturales que brinden una mejor calidad de vida a quienes habitamos esta urbe.

Sus argumentos, como todos los que se esgrimen en la plaza pública, pueden ser discutibles y encontrar seguidores o detractores; algunos los apoyan con entusiasmo, otros los miran con escepticismo, otros los consideran francamente utópicos. En todo caso, tienen derecho a expresarlos. Ellos lo hacen de forma creativa, montando un picnic dominical justo en la zona en donde anhelan que vuelvan a pasar las aguas de un río que traiga consigo no solamente una mejoría estética en el paisaje, sino también un mayor equilibrio ecológico.

El pasado domingo, sin embargo, la policía capitalina llegó al lugar y los obligó a retirarse, so pena de ser arrestados a pesar de que los activistas no vulneraban el derecho de nadie. Tampoco causaban daños a terceros ni incumplían ningún precepto establecido en nuestra normatividad. De manera creativa hacían una propuesta para la ciudad.

Quizá ésas, sus virtudes cívicas, fueron finalmente sus mayores errores políticos. Todo parece indicar que en esta ciudad es necesario vulnerar la ley, afectar a los demás, causar perjuicios indiscriminados incluso con lujo de violencia para poder ser escuchados por la autoridad, para que el gobierno del señor Mancera se sienta a negociar, para entrar en el paraíso de las “soluciones políticas”.

Los integrantes de la CNTE tuvieron privatizado el Zócalo durante tres semanas y llevan ya más de dos meses haciendo lo mismo en la Plaza de la República. Cuando lo consideran pertinente, se manifiestan por las principales avenidas de esta ciudad, causando malestar en los ciudadanos que tienen que  ir a su trabajo o a la escuela y causando pérdidas millonarias a los pequeños comercios; incluso lograron impedir que sesionara el Congreso de la Unión en su sede oficial. Tiempo atrás el SME utilizó similares métodos de lucha; lo mismo los autodenominados “anarquistas”; y así un sinfín de grupos minoritarios.

Tanto unos como otros ya aprendieron la pedagogía del gobierno progresista de la ciudad: si una manifestación afecta a los ciudadanos o hace uso de la violencia o es organizada por algún grupo con estructura clientelar presta para ponerla al servicio de algún partido, sus promotores serán entonces tolerados por la autoridad y sus principales dirigentes serán visitantes recurrentes de las oficinas gubernamentales donde se negocian los conflictos, tanto locales como federales, para obtener ahí todo tipo de prebendas además de, en muchos casos, satisfacción a sus demandas.

Y no hablemos de los vendedores ambulantes, taxistas piratas, invasores de predios o de todos aquellos que ponen en jaque el estado de Derecho en esta ciudad con la abierta complicidad de la autoridad.

En cambio, si la expresión pública la realiza un grupo de ciudadanos independientes, sin vinculaciones políticas claras, de forma pacífica y ordenada, entonces serán inmediatamente reprimidos por la autoridad. Al cabo ellos no suelen votar por el PRD... Como decía Benito Juárez: “A mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas”.

Por supuesto que el argumento que esgrime la autoridad capitalina para incumplir constantemente la ley es que hay que garantizar la gobernabilidad, evitar a toda costa la represión, proteger a las minorías. El problema es que para eso justamente está la ley. La mejor protección contra la arbitrariedad son las instituciones, el Derecho.

En cuanto se vulnera el estado de Derecho se entra entonces en la ley del más fuerte, del que puede gritar más, del que puede tener más acceso al chantaje. Y la historia nos demuestra que ésos no son precisamente los más débiles ni desamparados.

Ése es el drama de esta ciudad: que los incentivos están completamente desalineados. ¿Por qué dejar de ser un grupo de presión molesto y fastidioso si eso significará obtener lo que se busca? ¿Para qué ser un grupo cívico y que cumple con la ley si eso se traducirá en represión policial y nulo éxito en sus demandas?

Parafraseando al gran George Orwell, bien podemos decir que en esta ciudad todos somos iguales; pero hay unos que son más iguales que otros.

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