OPINIÓN

Monreal: De conflictos de intereses e intereses en conflicto

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Por Ricardo Monreal Ávila  @RicardoMonrealA
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Ricardo Monreal Ávila es diputado federal por Movimiento Ciudadano y líder de la bancada en San Lázaro de este partido; es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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En el caso de la diputada del PRD Purificación Carpinteyro, habrá que distinguir entre un “conflicto de interés” y los intereses en conflicto que hay detrás del affaire de la semana. 

“Conflicto de interés” en sentido literal del término no lo hay porque el negocio imaginado y proyectado no existe, es una condición futura de realización incierta, y la legislación en la materia sólo conoce de hechos consumados, no de intenciones futuras, por más aviesas que sean. 

Más bien hay grandes intereses en conflicto que, como lo señaló la propia legisladora, aprovecharon un error para cerrarle el micrófono a una voz crítica de lo que está sucediendo en el sector de las telecomunicaciones en el país, donde los tiburones se están peleando el océano.

Esa conversación (obtenida de manera ilegal, pero legitimada en su uso por el TSJM o Tribunal Sumario de Justicia Mediática) revela también un “interés en conflicto” muy común en los parlamentos. Un legislador no debe promover una ley de observancia general para intentar obtener un beneficio particular. 

Esta restricción genérica se vuelve más aguda cuando el representante legislativo proviene del sector de la izquierda, donde la norma de conducción es muy clara sobre la separación entre servicio público y negocio privado.

La jurisprudencia política al respecto fue expuesta recientemente por el presidente de Uruguay, José Mujica: “La política no es un negocio ni un pasatiempo, es una pasión movida por el sueño de un futuro social mejor; a los que les guste la plata, bien lejos de la política”.   

La diputada Carpinteyro ha tomado la mejor decisión para superar este interés personal que entró en conflicto con su función pública: excusarse de seguir participando en lo que resta del proceso legislativo. Esto le impedirá debatir y votar en su momento como legisladora, pero como experta en telecomunicaciones mantiene a salvo su derecho a seguir informando, denunciando y cuestionando las trampas y gazapos que traiga consigo la legislación de aprobación inminente. 

En otras palabras, por decisión propia, la diputada quedará impedida para votar, pero no para informar. Hoy más que antes tiene la libertad y la obligación de hacerlo. Le habrán apagado el tablero electrónico de votación, pero no el micrófono para seguir informando, opinando y denunciando.

Por lo pronto, excusarse del proceso de aprobación de las leyes secundarias de telecom sienta un precedente importante.

¿Cuántos legisladores estarían con la misma disposición de excusarse si a su escritorio llega una iniciativa para tasar las ganancias de la bolsa de valores, para bajar las comisiones de los bancos, para reconocer a los extranjeros las propiedades adquiridas en costas y franjas fronterizas, para privatizar la producción petrolera o para modificar el criterio de preponderancia y propiedad cruzada en la ley telecom?

¿Son las telecomunicaciones el único sector donde algunos diputados y senadores tienen un explícito conflicto de interés o implícitos intereses en conflicto?

¿Es el Legislativo el único poder donde los integrantes deberían excusarse de conocer asuntos públicos con ribetes de interés personal?

Sería de tal magnitud el número de servidores públicos impedidos de seguir en sus funciones, que en muchas oficinas públicas en lugar de escritorios y ventanillas existirían excusados.

Que el affaire de la diputada Carpinteyro no quede en un trance personal; que sirva de pauta para secar de una vez por todas esa gran laguna de corrupción y tentación que es la ausencia de una legislación explícita, clara y contundente para acabar con los “conflictos de interés” y los intereses en conflicto. 

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