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Opinión: ¿Armonización electoral? 3 tips para legisladores

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Por Rafael Morales  @Rafael_Morales
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Rafael Morales es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Ha sido docente en instituciones educativas como la UNAM y la UAM. Actualmente es director del Centro de Estudios en Partidos Políticos y Procesos Electorales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

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La reforma electoral de 2014 será recordada por haber detonado un incesante proceso de armonización de las leyes electorales de los estados a la norma federal. El mandato aprobado en mayo, que centra diversas facultades en una autoridad nacional, obligó a muchos congresos estatales a legislar frenéticamente para que se homologasen a marchas forzadas constituciones y todo tipo de leyes y códigos electorales al nuevo orden.

En particular, un puñado de diecisiete entidades que celebran comicios en 2015 tuvo que emprender la armonización sin los lineamientos federales requeridos para hacer posible el nuevo modelo nacional. Se trata de un ejercicio legislativo inédito, pues las nuevas reglas para organizar las elecciones estatales tuvieron que diseñarse en ausencia de criterios generales en temas como fiscalización, mesas directivas de casillas, capacitación o distribución de plurinominales.     

Hacia la mañana del 1 de julio, sólo Distrito Federal, Colima, Querétaro, Morelos y San Luis Potosí habían conseguido concluir todo el proceso de reforma. La estrategia seguida tiene dos rutas, como i) la de remitir al ámbito federal (nacional) todos las funciones y procedimientos que antes estaban en manos de la autoridad de los estados y ii) dejar que todas éstas queden por definirse en un futuro atendidas por la vía de los convenios de coordinación INE-OPLEs.

Con todo, la idea de no tallar en piedra las funciones de cada orden para evitar problemas de rigidez operativa no será suficiente para impedir un periodo inusitado de controversias constitucionales. Esto es así, naturalmente, por la premura legislativa y la falta de previsiones ante la inminente práctica de la delegación ya prometida por el INE, siempre que el acartonado código de un estado choque con los lineamientos emitidos luego por este.

El escenario es inevitable pero será la base para una sana política de reajustes y de rectificaciones que derivarán en el desarrollo de nuevos criterios de operación electoral. Por ello, los legisladores locales pueden disponer lo necesario para anticiparse a estos futuribles, ajustando sus legislaciones específicamente en tres aspectos, a saber:

1. Política de delegación. No deben eliminarse áreas vinculadas con facultades que el INE asume pero que puede devolver, como la fiscalización. En la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guerrero se prevé que el Instituto Electoral la ejerza, a través de una Comisión de Fiscalización, siempre que el INE la delegue (Arts. 81-87).

2. Política de vinculación. Es pertinente crear una comisión permanente que sea el espacio para el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 119 constitucional. El código recién aprobado para el DF indica en su artículo 48 BIS cómo la nueva Comisión de Vinculación con Organismos Externos (sic) auxiliará al consejero presidente a cumplir con estas tareas.

3. Política de convenios. Un ejemplo es el artículo 70 del nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Morelos, que sienta las bases y contenidos del convenio con el Instituto Nacional en materias como padrón y lista electorales, cartografía, ubicación de casillas, materiales electorales, fiscalización, tiempos en radio y TV, entre otros.

Si los desajustes siguieran apareciendo aún tomando un mínimo de previsiones no habría nada de raro en ello dado que el éxito de la armonización es una responsabilidad compartida con la autoridad nacional, que tiene la obligación de crear alrededor de setenta nuevos reglamentos. Existe pues un espacio enorme para la innovación en temas como la oficialía electoral o la propia facultad de asunción, que se tendrá que poner en práctica para sentar criterios generales.

Todo lo anterior supone un profundo rediseño organizacional de las instituciones electorales de los estados, que incluye la fusión o creación de nuevas comisiones, la compactación de áreas, la reingeniería de procesos, el cambio de rutinas y más. Aunque pareciera grande el costo, es parte de la apuesta por una nueva representación política, con mejores reglas para la equidad en la competencia y el fortalecimiento de los derechos políticos de los ciudadanos.

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