PROCESO ELECTORAL

Opinión: Servidores públicos y su función ante una elección

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Por Arturo Espinosa  @AESUPD
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Arturo Espinosa Silis es abogado especializado en temas electorales.

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Reformado en 2007, los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional establecen dos prohibiciones para los servidores públicos: 1) Usar recursos públicos a efecto de influir en la equidad de las contiendes electorales, y 2) Promocionar su imagen a través de la propaganda gubernamental.

Lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional constituye una limitante, razonable, necesaria y proporcional, a los derechos de asociación y libertad de expresión de los servidores públicos.

El objetivo es obligar a los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, a efecto de garantizar que no se beneficie a ningún candidato o partido político. De esta forma, se busca tutelar el principio de equidad e imparcialidad en la contienda a fin de que los servidores públicos no realicen actividades que, atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir en los procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía.

Desde la reforma constitucional de 2007 se estableció que el Congreso de la Unión debía emitir la legislación que regulará lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional. En la reciente reforma constitucional de 2014, nuevamente se ordenó al Congreso de la Unión que emitiera la ley reglamentaria correspondiente. A pesar de ello, seguimos sin contar con la legislación correspondiente.

Han sido numerosos los casos en que se denuncian ante las autoridades electorales a funcionarios públicos que con motivo de su informe de gobierno difunden de manera masiva en medios de comunicación todo tipo de publicidad alusiva a su gestión o que tapizan las ciudades de mantas, carteles, espectaculares y demás anuncios a efecto de dar a conocer su logros como funcionarios públicos. También se han presentado diversos casos en los que se denuncian a funcionarios públicos que en lugar de estar desempeñando las funciones propias de su cargo, participan en actos proselitistas a favor de un candidato o partido político.

La rendición de cuentas es un derecho de todos los ciudadanos, creo que se deberían fomentar más mecanismos para ello, pero también los servidores públicos no se pueden justificar el dispendio de recursos en la rendición de cuenta, por el contrario, tienen obligación de observar lo dispuesto en los párrafos séptimo y octabo del artículo 134 constitucional.

Es válido que los funcionarios públicos tengan aspiraciones políticas, que busquen construir una carrera dentro de la administración pública y específicamente en los cargos de elección popular, sin embargo, no es admisible que usen los cargos públicos y los recursos a su alcance con la finalidad de pretender llegar al siguiente.

La falta de legislación no ha dejado otro camino más que los casos que se presentan ante las autoridades electorales sobre temas de propaganda gubernamental, promoción personalizada de servidores públicos y uso de recursos públicos en favor de un candidato o partido político, se sujeten a la interpretación que las propias autoridades electorales realicen del artículo 134 constitucional, sin embargo, es una batalla que enfrentan sin las armas necesarias para ello, pues la desde 2007 existe una omisión legislativa sobre este tema.

Uno de los grandes problemas de la falta de regulaciòn del artículo 134 constitucional es que los servidores públicos no pueden ser sancionados por las conductas que realicen en contravención a la norma constitucional, la legislación electoral no contempla sanciones para los servidores públicos, por lo que en el mejor de los casos lo que han hecho las autoridades electorales al conocer de infracciones a dicho precepto es dar vista al órgano encargado de sancionar a los servidores públicos tanto a nivel federal como a nivel local.

El Congreso de la Unión necesita regular lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, es urgente establecer los parámetros bajo los cuales los funcionarios públicos pueden difundir sus informes de gobierno, los limites a partir de los cuales pueden participar en actos proselitistas y las bases para que cualquier entidad de gobierno haga y pague publicidad en medios de comunicación, así como en espacios públicos, de lo contrario seguiremos viendo el abuso en el uso de recursos públicos y la impunidad en la que se cobijan derivado de la falta de regulación legal.

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