TRANSPARENCIA

Opinión: La agenda pendiente del IFAI... con la ciudadanía

Print Comments

Por Cristopher Ballinas Valdés  @crisballinas
   0 Comentarios

Cristopher Ballinas Valdés es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y Profesor en Políticas Públicas en el Departamento de Ciencia Política del ITAM Y colaborador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Su libro más reciente es The Politics of Agency Design. Politics in the Forging of Autonomous Regulatory Agencies in Mexico.

***

A inicios del presente año, se anunció con bombo y platillo la publicación de la nueva reforma constitucional en materia de transparencia que dotaría de autonomía constitucional a un nuevo órgano garante. Tras ello se inició un proceso de selección de comisionados que encabezarían el bautizado "Nuevo" Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el cual se catalogó de claro e inédito.

A dos meses de esto, el "Nuevo IFAI" carece de una agenda clara que acompañe ese espíritu renovador con el que se anunciaron tanto las reformas como la conformación del Instituto y que le permitiría erigirse como la institución encargada de garantizar el derecho a la información pública, luchar contra la tradición de opacidad gubernamental, la displicencia de los burócratas a la noción de gobierno abierto y combatir el mal uso de los datos personales.

La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información hace más de una década fue la respuesta a la creciente demanda de la ciudadanía de garantizar el acceso a la información gubernamental pública, ya que la idea de "gobierno abierto" se entendía también como "buen gobierno". El IFAI de entonces tenía como objetivo la construcción de acciones sólidas que garantizaran un acceso permanente a la información púbica a la vez que construyera las bases para una interacción fructuosa entre las diversas instituciones y organismos encargados del acceso a la información gubernamental, combate a la corrupción y rendición de cuentas. El "Viejo IFAI" moriría una década después, paradójicamente porque sus integrantes se ocuparían más en pugnas internas que con las dependencias que debían regular y supervisar.

La transparencia no es un acto de ocasión, sino un elemento esencial que ayuda a garantizar una correcta labor gubernamental. Por ello, la última reforma en materia de transparencia abrió un nuevo momento para construir la institución que demandaba la ciudadanía.

El derecho a la información contenido en la reciente reforma veía necesario un refuerzo institucional a la labor del Nuevo IFAI quien con autonomía homologaría criteriosa nivel nacional y tendría la capacidad de revisar aquellas resoluciones que no garantizaran el derecho a la información en los tres órdenes de gobierno además de ampliar el universo de sujetos obligados a todo aquel que maneje recursos de origen público. Sin embargo, tras la reforma resaltan tres elementos pendientes, que de no comenzar a construirse en los primeros instantes de la institución, difícilmente se harán presentes en la realidad nacional.

Primero, establecer una política de gestión de la información pública que evite que el cumplimiento de la Ley dependa de la libre interpretación y capacidad de cada dependencia. La experiencia a más de diez años del Decreto de creación del IFAI, revela que las dependencias gubernamentales no están siendo más transparentes en el manejo de su información. Muchas veces por simulación y en otras ocasiones por falta de planeación e incapacidad. Esto se traduce en un mal uso de la información pública, opacidad e ineficiencia. En consecuencia, se tienen una gran disparidad en la capacidad de la administración de la información, además de divergencias en los criterios para la información confidencial, obteniendo resultados diversos. Esto es más dramático en los ejecutivos estatales y municipales que no cuentan con la experiencia ni el know-how para llevar a cabo estas tareas a cabalmente.

El IFAI es directamente culpable de esto, ya que promueve el uso de su sistema para información que es pública de oficio. Este tipo de acciones han permitido que muchas dependencias utilicen los recursos que le ofrece la Ley para excusarse de sus obligaciones. El recurso de confidencialidad es usado por muchas dependencias indebidamente y, en otros casos, de forma exagerada. Estos se ocupan sin una clasificación previa de la información por lo que en ocasiones se obtienen respuestas distintas ante el mismo tipo de solicitud, incluso proviniendo de la misma dependencia. Lo que deja en evidencia la carencia de una planeación en el manejo y clasificación de la información por parte de los sujetos obligados que además desconocen los efectos negativos del mal uso de este recurso legal.

Esto es extremadamente sensible en aquellas dependencias encargadas del orden, seguridad y justicia ya que pueden poner en riesgo personas, operativos y procesos al no existir una planeación y rigurosa revisión de la información relevante. Aquellas dependencias encargadas de la administración de los impuestos y el gasto están obligadas mayormente a gestionar preventivamente la información pública; ya que no debe haber nada más riguroso que el manejo del gasto y la administración de los impuestos. Las sanciones del IFAI, por el contrario, distan de ser ejemplares y evitan la recurrencia.

Segundo, fortalecer la autonomía y las capacidades institucionales de los órganos garantes locales. Es evidente que los diferentes órdenes de gobierno no tienen las mismas capacidades institucionales para garantizar un derecho tan complejo como lo es el del acceso a la información pública. Sin embargo, la intervención en institutos locales puede ser vista como innecesaria y, en otros casos, como disruptiva. El fortalecimiento de la autonomía de órganos garantes locales garantiza el cumplimiento de la ley en todos los órdenes, a la vez que implica menos revisiones de resoluciones a nivel federal. Esto se puede realizar a través del fortalecimiento de la capacitación, intercambio de experiencias, mejores prácticas y respaldando acciones que favorezcan su autonomía y capacidades institucionales y con la creación y publicación de índices de fortaleza institucional de los institutos de transparencia estatales y municipales, elaborado conjuntamente con el sector académico y organismos de la sociedad civil.

La última encuesta de Parametría revela que el IFAI es un órgano desconocido para la sociedad. El IFAI ha fallado sistemáticamente en fomentar la participación ciudadana en los quehaceres del Instituto, acción que debería ser la base para transparentar tanto la información como la toma de decisiones públicas. Esto es más dramático en la defensa del uso incorrecto de los datos personales en posesión de privados, donde la acción preventiva del IFAI es desérticamente ausente. La transparencia y protección de datos personales no son una cortesía de los gobernantes. Ambas son demandas y derechos ciudadanos que deben construirse, por tanto, desde la ciudadanía.

Finalmente, se deben sentar las bases de la acción integral y coordinada de las diversas instancias del estado que permitan tener un gobierno transparente, abierto y que responda a sus ciudadanos. En una nueva perspectiva del gobierno, la transparencia aparece como un elemento esencial en el control de la labor gubernamental pero únicamente cuando opera con otros dos elementos complementarios: el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

Si bien el sistema político mexicano, en diversos momentos de la historia y por diversos motivos, creó instancias encargadas para llevar a cabo estas tareas, dichas instancias se encuentran separadas y operan sin una coordinación institucional. Así las acciones de control se centraron en una dependencia del Poder Ejecutivo, que se ocuparía parcialmente de la inspección y seguimiento del uso de los recursos públicos, pero cuyas facultades persecutorias fueron delegadas al ministerio público. En ambos casos, las acciones estarían sujetas a las prioridades políticas del titular en turno.

La creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), obedecería entonces a la idea primaria de un control del poder por otro poder, al vigilar las acciones que le fueron encomendadas al Ejecutivo por el Legislativo. Sin embrago, la ASF verificaría únicamente el uso de los recursos de acuerdo a los objetivos y los procedimientos aprobados mientras que las acciones preventivas, correctivas y persecutorias quedarían en otras instancias, las cuales igualmente las realizarían de acuerdo a las prioridades políticas del momento, actuando a posteriori, más allá que a priori.

El espíritu renovador desvanece y el bombo y platillo se está quedando sin eco pues el IFAI no parece completar su renovación con acciones concretas y necesarias para la transparencia y el buen gobierno que demanda la ciudadanía. Si bien es importante el perfil de aquellas personas que serán encargadas de encabezar el órgano garante, es más importante aún contar con instituciones que conjuntamente garanticen el derecho a la información, prevengan la corrupción y realicen una correcta evaluación de los programas públicos. Mientras la agenda mínima por la transparencia y el buen gobierno siga ausente y los órganos encargados de la supervisión de la actividad gubernamental no trabajen de manejar conjunta, además de trabajar preventivamente en el diseño de programas y controles, difícilmente tendremos el buen gobierno que demandan los mexicanos.

***

Las opiniones de los colaboradores y los usuarios de ADNPolítico.com no representan el punto de vista de este sitio ni el de Grupo Expansión.

Síguenos en twitter y facebook

Por favor déjanos tu comentario